La Legislatura tratará el convenio de traspaso de las acciones de YPF firmado hace más de una década

El gobernador Ignacio Torres enviará a la Legislatura un proyecto de ley para ratificar el convenio de traspaso de acciones de YPF, que data del 2012, cuando fueron expropiadas a Repsol, pero nunca había sido tratado. 
Es parte de la estrategia judicial que Chubut encauzó para hacer frente al fallo de la Corte de Nueva York, que ordena entregar el 51% de las acciones a la Argentina. Torres, a poco de que se conoció el fallo, avisó que «vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia».
En esa línea, el vicegobernador Gustavo Menna ayer dijo que «la provincia ha tenido representación en el directorio de YPF desde 2012, lo que demuestra que efectivamente ejerce derechos de accionista. Pero para consolidar nuestra estrategia judicial, vamos a remitir ese acuerdo a la Legislatura, como debió hacerse hace trece años».
A su vez, dejó en claro que «la responsabilidad en este juicio es del Estado argentino, que fue condenado en primera instancia, pero no lo es YPF ni tampoco la Provincia. Sin embargo, las acciones clase D son propiedad compartida, ya que el 49% de ese paquete está en manos de las provincias petroleras. Embargar esa porción sería como pretender ejecutar la casa de dos personas por la deuda de una sola».
Menna, según consignó ADNSUR, detalló que el valor libro de esas acciones hoy ronda entre 500 y 600 millones de dólares. «No sólo representan un activo económico que puede rendir dividendos, sino también un factor que incide en la calificación crediticia de la provincia», afirmó.
De esta manera, sobre el fallo de la Corte de Nueva York, mencionó que «si todas las provincias petroleras hicieran valer su condición de accionistas, ya se resolvería la mitad del problema, porque ese 49% no puede ser embargado como si fuera propiedad del estado nacional».
Finalmente, en medio de la polémica, el vicegobernador dejó en claro que «la titularidad de esas acciones es independiente de dónde opere la empresa. Forman parte del patrimonio provincial y solo podrían perderse si se ejecuta el embargo sin esta defensa legal».