¿COMBE se disuelve? La caja previsional de los profesionales de Chubut, en crisis

Desde hace más de 20 años, los profesionales universitarios de Chubut están incluidos en un régimen previsional propio: COMBE. 
Aunque fue obligatorio desde su creación en 2003, la Ley Provincial N.º 5808/2008 lo volvió voluntario. Sin embargo, esa norma fue ignorada por el propio ente, que siguió operando como si la afiliación fuera obligatoria, sin permitir la desafiliación ni el retiro de aportes.
En 2025 se sancionó una nueva ley provincial que ratifica el carácter voluntario de COMBE desde 2008. Esta norma aclara que nadie puede ser obligado a afiliarse y reconoce el derecho a retirarse y solicitar la devolución del dinero acumulado en la cuenta individual. También se ordenó a COMBE adecuar su estatuto, pero aún no lo ha hecho. La Inspección General de Justicia de Chubut (IGJ) intimó formalmente a la entidad a modificar su reglamento interno conforme a la nueva ley y detectó irregularidades en sus prácticas.
Esta situación genera un conflicto jurídico y previsional muy serio. Desde la perspectiva legal, todo trabajador independiente (autónomo) tiene la obligación general de aportar a algún régimen previsional. En Argentina, rige el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) administrado por ANSES, creado por la Ley 24.241, que exige aportes previsionales obligatorios a trabajadores en relación de dependencia y a autónomos, salvo que estén amparados por un régimen previsional alternativo reconocido. En el caso de los profesionales de Chubut, COMBE operaba como régimen alternativo: mientras la afiliación era obligatoria (2003-2008), quienes aportaban a COMBE cumplían así su obligación previsional sin necesidad de aportar al SIPA por los mismos ingresos profesionales. Incluso tras 2008, muchos profesionales entendieron (erróneamente) que debían seguir en COMBE; otros, en cambio, optaron por no afiliarse. Si un profesional no se afilió a COMBE a partir de 2008, en rigor debió aportar como autónomo al régimen nacional.
Desde que COMBE dejó de ser obligatorio, todos los profesionales  deben aportar obligatoriamente al sistema nacional (ANSES) como autónomos o monotributistas. Sin embargo, muchos desconocen esta obligación, lo que genera una situación irregular y riesgosa: algunos profesionales quedan sin cobertura previsional y otros terminan haciendo aportes duplicados. A esto se suma que COMBE, a pesar de ser voluntario por ley, no ha establecido mecanismos claros para que los afiliados puedan desafiliarse ni procedimientos para recuperar los fondos acumulados, lo que agrava aún más la incertidumbre.
La Inspección General de Justicia ya intimó a COMBE a adecuarse a la ley. Si no lo hace, se expone a sanciones. Mientras tanto, los afiliados siguen atrapados.
Desde el punto de vista legal, sostener un sistema previsional voluntario que no brinda garantías claras ni se ha adecuado plenamente a la normativa vigente resulta sumamente cuestionable. Muchos profesionales reclaman su desafiliación, la devolución de lo aportado, el reconocimiento de servicios para ser presentado en la ANSES y, en algunos casos, plantean la disolución definitiva de COMBE. La situación es insostenible.
Como abogada previsional, recibo constantemente consultas de profesionales, que no saben si están en regla, que han aportado durante años a un régimen que hoy no responde. Muchos piden desafiliarse. Otros reclaman la devolución de sus fondos. Algunos incluso proponen la disolución de COMBE, dado que ha dejado de cumplir una función pública esencial. Entiendo también la preocupación de quienes han aportado durante años: por eso, una salida ordenada y respetuosa de todos los derechos adquiridos debe ser parte de cualquier solución institucional.
Como profesional del derecho previsional, considero urgente que COMBE facilite mecanismos efectivos y transparentes para la desafiliación voluntaria, la devolución de aportes acumulados, y la regularización previsional de los profesionales afectados. También sería deseable que se convoque a una asamblea amplia donde se escuchen todas las voces involucradas, y que la IGJ mantenga su rol activo de fiscalización.
Hoy más que nunca, se necesita una solución concreta y urgente para evitar que más profesionales queden atrapados en este limbo previsional.